Producción- Programa de Desarrollo-

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Uno de los mandatos constitucionales que todavía no encuenta su reglamentación y su concreción es el del Consejo de Planificación. Las dificultades se encuentran en las características mismas del instituto creado por los convencionales al darle carácter vinculante a sus decisiones.

El objetivo de ese Instituto es  el de diseñar políticas de Estado a mediano y largo plazo que trasciendan los mandatos de los sucesivos y circunstanciales gobernantes que surjan de las elecciones cada cuatro años. De tal modo, más allá de las preferencias que se manifiesten periódicamente, el desarrollo provincial en cuanto a infraestructura, diseño primario y orientación de actividades podría seguir su curso. Las distintas administraciones resolverían las cuestiones coyunturales e imprimirían mayor o menor celeridad y carácter a todas sus acciones. El gobierno sería un administrador y no estaría mal que ese fuera el objeto de elegir a los gobernantes.

Sin funcionar el Consejo de Planificación y mientras se discute o se silencian los debates, el tiempo transcurre sin que se advierta que es necesario pensar en un desarrollo territorial y con un concepto de soberanía mucho más cercano a nuestras necesidades como habitantes de la provincia. La población crece, las necesidades se multiplican, los imponderables pueden ocurrir y debemos pensar en un desarrollo sostenido y en planes alternativos en caso de fenómenos que puedan ocurrir.

¿Qué pasaría si una o varias catástrofes naturales se conjugaran? ¿Qué ocurriría si una inundación  destruyera gran parte de las vías de comunicación entre las ciudades o con el continente o cualquier otro fenómeno natural? ¿Qué ocurriría si ese fenómeno no se diera sólo en nuestro territorio sino que abarque una porción más importante de la región? ¿Por qué no desarrollar la agricultura familiar, pensar en comida para todos los habitantes, recurrir al recurso costero o al trabajo manual de la tierra? ¿Por qué no pensar en la posibilidad de desarrollo de nuevos centros urbanos o rurales, sustentados en la producción, como alternativa para que habite también nuestra posteridad?

Las preguntas son éstas y muchas más. A todas ellas también las atraviesa una misma respuesta y es el concepto de soberanía alimentaria. Pensar en que nadie pase hambre, en la valoración del capital social con el que contamos en la provincia, hoy despreciado por portación de cara o de nacionalidad, sin valorarse sus capacidades obtenidas o heredadas. Pensar en el autosustento en momentos de globalización parece un absurdo, sin embargo es un principio de autoconservación, de protección de nosotros mismos. Esto no significa ser necios ni cerrarse al mundo, sino valorar lo propio y fomentar su desarrollo. Es un plan B, para acercarnos lentamente a un territorio desarrollado no sólo a través de capitales foráneos que invierten y desarrollan tecnología en la provincia, sino a reconocernos en nuestras capacidades.

A idéntica latitud, pero en el hemisferio norte se encuentra Holanda. Tierras bajas, húmedas, frías, escasas. Desarrollan cultivos de todo tipo de verduras y flores, desarrollan ganadería y derivados. No es intención aquí compararnos con otro país, mucho menos de otro continente y con otra historia, pero basta con decir que no es imposible, ni impracticable. Son intereses económicos y seguramente pautas culturales que no se cultivan ni se desarrollan las que nos colocan en un lugar de dependencia alimentaria total y absoluta. Es un desprecio por el capital social, por los conocimientos de nuestra gente, de nuestro pueblo, es el discurso de las cámaras empresariales el que nos ubica en un “imposible”. Pero en realidad es posible. Si somos capaces de advertir que la economía tiene básicamente una dimensión social y si decidimos que la dimensión social puede y debe ser acompañada de decisiones políticas y no de asientos contables o de diseños meramente técnicos.

Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.

LA LEGISLATURA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDAE ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY

Artículo 1°.- OBJETO.- La presente ley tiene por objeto la promoción, fomento, desarrollo, industrialización y comercialización de las producciones rurales y acuícolas  y de las actividades vinculadas con las mismas.

Artículo 2°.- CREACIÓN DEL PROGRAMA.- Créase el Programa de Desarrollo y Producción Fueguina, cuyos objetivos son:

a) Promover la expansión y desarrollo de los emprendimientos familiares, microemprendimientos y pequeños emprendimientos hortícolas, agropecuarios y acuícolas, en la búsqueda de la consolidación o reconversión de sus actividades.

b) Desarrollar alternativas de producción válidas que generen bienes comercializables con demanda asegurada y generadora de empleo genuino.

c) Propender a la estabilidad socioeconómica y al arraigo de los sectores productivos más postergados.

d) Coadyuvar al desarrollo de una canasta de productos que demande el mercado y que constituya la oferta provincial de los emprendimientos familiares, microemprendimientos y pequeños emprendimientos hortícolas, agropecuarios y acuícolas.

e) Generar Polos Productivos Zonales que aseguren el desarrollo regional y la plena ocupación.

f) Promover toda actividad que coadyuve a la plena realización de la soberanía alimentaria en el territorio de la Provincia.

Artículo 3°.- AMBITO DE APLICACIÓN.- Los ámbitos de aplicación serán las distintas regiones productivas de la Provincia establecidas en la ley provincial Nº 597 bajo la denominación de Área de Emprendimientos Productivos (Aepro) y zonas sub-rurales de los ejidos de Río Grande, Ushuaia y Comuna de Tolhuin.

Artículo 4°.- BENEFICIARIOS.- Serán beneficiarios de esta ley aquellos productores, asociación de productores o cooperativas de producción que desarrollen o deseen incorporarse a las actividades productivas promovidas por esta ley, con domicilio legal en el territorio provincial y que adhieran voluntariamente a las disposiciones de la presente.

Artículo 5°.- Los beneficiarios de esta ley deberán presentar un proyecto de desarrollo productivo ante la autoridad de aplicación para su evaluación. Aquellos productores o emprendedores que ya se encuentren realizando actividades que encuadran en la presente ley podrán acceder a los beneficios, previa inscripción ante autoridad competente.

Artículo 6°.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- Será Autoridad de Aplicación la Secretaría de Desarrollo Social a través del área de Economía Social, la que podrá requerir la colaboración y asesoramiento de instituciones de investigación y desarrollo competentes en la materia, para un mejor cumplimiento de los objetivos de esta ley.  En ningún caso la desestimación del proyecto podrá hacerse sin los debidos fundamentos.

Artículo  7°.- La Autoridad de Aplicación tendrá como funciones, entre otras, las siguientes:

a) Proponer al Poder Ejecutivo políticas en materia de promoción, fomento y difusión del desarrollo de la producción rural y acuícolas. Podrá  proponer la inclusión de nuevas actividades y productos acorde a la evolución y exigencias de los mercados consumidores.

b) Establecer un sistema de evaluación de proyectos que contemple su factibilidad técnico-económica, la generación de empleo y el porcentaje de riesgo.

c) Aprobar los proyectos y determinar los beneficios que correspondan para su inclusión en el Programa que establece la presente ley.

d) Extender el certificado de habilitación de las explotaciones de producción acogidas a los beneficios de esta ley.

e) Proponer al Poder Ejecutivo los instrumentos de promoción y fomento para cada ejercicio económico.

f) Difundir convenientemente los alcances del presente programa.

e) Promover la Acreditación de Origen, en relación a los productos que se originen en determinadas zonas de la Provincia o área geográfica y que ésta represente su calidad y características.

f) Realizar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de mercados.

g) Organizar el Programa de Asistencia Técnica a los beneficiarios y el de capacitación.

h) Impulsar conjuntamente con los factores intervinientes y las instituciones de investigación y desarrollo, la investigación científica y técnica para alcanzar un mayor rendimiento y eficiencia de las producciones.

i) Habilitar el registro de personas físicas y jurídicas que intervengan habitualmente en la producción, comercio o industrialización de desarrollo productivo.

Artículo 8º.- El Programa de Desarrollo y Producción Fueguina promoverá el desarrollo, producción e industrialización de los bienes provenientes, entre otras, de las siguientes actividades:

  Horticultura orgánica.

  Hongos comestibles.

  Alimento animal.

  Cereales.

  Aromáticas y medicinales.

  Pelíferos.

  Floricultura y ornamentales.

  Aves de granja.

  Lombricultura.

  Cultivo de hidropónicos.

  Acuicultura en todas sus modalidades (siembra, cosecha y captura de crustáceos y bivalvos).

  Frutas finas.

  Producción de lácteos y elaboración de derivados

  Pesca artesanal en todas sus modalidades

Artículo 9º.- Los productores beneficiarios de esta ley deberán cumplir con las disposiciones vigentes en cuanto a calidad y seguridad alimentaria.

Artículo 10.- BENEFICIOS.- La presente ley contempla los siguientes tipos de beneficios:

a) Asistencia técnica y capacitación: brindada en forma gratuita por el término de dos (2) año por la Autoridad de Aplicación para productores agrupados en formas asociativas, cooperativas de producción  o emprendimientos familiares, microemprendimientos o pequeños emprendimientos hortícolas, agropecuarios o acuícolas. Las actividades de capacitación incluirán producción, industrialización y comercialización.

b) Asistencia crediticia: Créditos promocionales a través del Banco de la Provincia, programas de microcréditos provinciales o nacionales creados o a crearse, asistencia por programas crediticios o subsidios para producción establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional mediante programas de fomento de producción o  a través del Banco de la Nación Argentina

Los créditos acordados tendrán como destino:

– Adquisición de bienes de capital de origen nacional.

– Constitución de capital de trabajo.

– Prefinanciación de exportaciones.

– Desarrollo agropecuario o acuícola.

– Constitución de nuevos emprendimientos.

c) Beneficios fiscales: Eximición del 100% (cien por ciento) de los impuestos provinciales y tasas vigentes o a crearse durante los primeros cinco (5) años de inicio efectivo del proyecto. A partir del sexto (6) año y hasta el décimo (10) inclusive, la exención será del 50% (cincuenta por ciento).
Eliminación: del cobro de guías u otro instrumento que grave la libre circulación de la producción obtenida en los proyectos productivos de los beneficiarios de la norma, durante los diez (10) primeros años de vigencia de la ley.

d) Tierras fiscales: Proponer al Poder Ejecutivo la elaboración de proyectos de ley que tengan por objeto ceder en comodato tierras fiscales para los emprendimientos familiares, microemprendimientos y pequeños emprendimientos hortícolas, agropecuarios o acuícolas.

e) Las empresas comerciales de la Provincia que en forma permanente exhiban y vendan los Productos de origen local podrán gozar de un descuento del 15% de sus obligaciones fiscales anuales.

f) Promoción: se facilitará el acceso a los medios de comunicación pertenecientes al Estado Provincial para promocionar y publicitar lo producido en el marco de la presente Ley.

Artículo 11.- OBLIGACIONES.- Los beneficiarios de los instrumentos de promoción de esta ley están obligados al cumplimiento de los planes o proyectos que sirvieron de base para otorgarlos. A estos efectos la Autoridad de Aplicación ejercerá los controles respectivos.

Los plazos estipulados para la ejecución de los proyectos podrán ser prorrogados o modificados sin alterar los objetivos primarios a petición del beneficiario, cuando existieren causales imponderables o debidamente justificadas.

Artículo 12.- En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones asumidas hará pasibles a los beneficiarios de las siguientes sanciones, graduables según la gravedad de la falta, conforme lo determine la reglamentación:

a) Caducidad de los beneficios acordados.

b) Suspensión de hasta un año de los beneficios acordados.

c) Multas

Artículo 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar las compensaciones de partidas presupuestarias hasta la incorporación al nuevo presupuesto de los gastos que demande implementación de la presente ley.

Artículo 14.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días desde su promulgación.

Artículo 15.- Comuníquese.

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