Unión Civil

El presente proyecto tiene por objeto dar respuesta desde el Estado y dentro de las competencias propias de nuestra jurisdicción al derecho a la igualdad de oportunidades y el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos y civiles de todos los habitantes. Se trata de la Unión Civil entre personas con independencia de su sexo u orientación sexual.

Los aportes sustanciales para avanzar en una definición en este sentido se basan en los siguientes puntos: Los pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional, el desarrollo del derecho civil en todo el mundo, el respeto creciente por los derechos humanos, un mayor conocimiento de la homosexualidad de las personas y  la existencia de un porcentaje de población  que integran grupos o subgrupos homosexuales que requiere de protección por parte del Estado.

En el último medio siglo y en nuestro país a partir del fin de la última dictadura militar se produjo visibilización social de la homosexualidad. Y esa visibilidad provocó alteraciones culturales, sistemas de creencias, de actitudes y comportamientos desde y hacia las personas que forman este grupo sin adecuación en las acciones del Estado.

Una serie de conocimientos sobre la homosexualidad se acumulan en los últimos tiempos y nos aproximan a aseveraciones y certezas que, aunque parezca increíble, es necesario enumerar taxativamente porque hay quienes no toleran los actos de libertad y elección personal y quienes pretenden que el único orden existente sea el dictado por sus propias creencias y principios. Una de estos axiomas resume todos los otros: la homosexualidad es inherente a la especie humana, en tanto es parte de la naturaleza.

La discriminación hacia las minorías sexuales es generalizada y provoca sufrimiento. Pese a todos los avances, producto del conocimiento que contribuye al debilitamiento de los prejuicios, los derechos civiles de las personas homosexuales no están equiparados a los de la población en general. Las uniones interpersonales del mismo sexo no reciben reconocimiento del Estado ni están normadas en cuanto a derechos y deberes. Es una discriminación por omisión u “omisión discriminatoria” que está vedada por la Ley Nacional Nº 23.514, Ley Antidiscriminatoria.

Dice en su artículo 1º: “quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o en algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados”.

Y el segundo párrafo del mismo artículo afirma: “se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

Por otra parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948 establece en el artículo 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. En su artículo 2: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. En el 7º: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”. En el 25º: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Se suma también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes  del Hombre, Decreto Ley 9983/57, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ley 23.054 en su artículo 24º; la Ley Antidiscriminatoria, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ley 24.658 en su artículo 3 y en su artículo 9.

Nada exime de la obligación de no discriminar a los Estados.

Si bien el Congreso de la Nación se encuentra con asuntos en tratamiento orientados a la modificación del Código Civil, en cuanto al Matrimonio y resultaría entonces una reparación de fondo a esta omisión del Estado Nacional, plantear en jurisdicción provincial la Unión Civil de Personas es un paso importante como antecedente y como acción concreta para cesar con la discriminación que, con certeza, se da de continuo en nuestra provincia con parejas de igual sexo que conforman parejas estables.

La Unión Civil de Personas tiene límites que no puede resolver porque implican la modificación del Código Civil de la Nación que es competencia del Congreso de la Nación, tales como  los derechos sucesorios y de adopción.

La formación de una pareja genera derechos y obligaciones relacionados con circunstancias de la época, la sociedad y la cultura. La familia surge de una unión voluntaria, permanente, amorosa, comprometida, que cumple con la función de proteger a sus componentes y los transforma en una sola entidad solidaria. La unión de un hombre y una mujer es unitiva en acto y procreativa en potencia, concretándose a través del matrimonio o por convenio privado, ambos con efectos jurídicos, una protección jurídica en torno a la ley de matrimonio civil obviamente, de locaciones urbanas, de pensiones y jubilaciones, de obras sociales, la ley de reparación a las víctimas de genocidio, la ley de adopción. Las uniones heterosexuales reciben sobreprotección en caso de tener descendencia. Pero son los valores los que ligan a los integrantes de una familia. El valor Unitivo los hace sentir solidariamente indisolubles, es una relación por sobre los intereses particulares, convierte a dos personas en una unidad social. El valor Procreativo es una segunda función familiar, es una función derivada de la primera.

Tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales son funcionalmente unitivas.  Los preceptos implícitos en tal unidad son el compromiso mutuo, la economía unitaria y la permanencia. En la pareja heterosexual se formaliza a través del matrimonio con la enumeración de deberes y derechos. La pareja homosexual ha estado excluida de formalización por razones históricas, de invisibilidad, de tradición y de cultura.

Por lo expuesto y con la convicción de que se trata de una reparación, dentro de la jurisdicción provincial, de daños y demoras ocasionados en  un vacío legal (inexistencia de figura que permita la unión civil de personas de igual sexo). Que este vacío provoca discriminación sobre personas concretas y que la Constitución Nacional, tratados internacionales y demás normas superiores nos indican la necesidad de tutelar desde el Estado los derechos de todas las personas, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Unión Civil de Personas

A los efectos de la presente ley, se entiende por Unión Civil de Personas a la unión formada libremente por dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual, que acrediten convivencia estable por un período mínimo de un (1) año y con residencia en la Provincia no inferior a doce meses.

Artículo 2º.- Registro Público de Uniones Civiles

Créase el Registro Público de Uniones Civiles con las siguientes funciones:

a)       Inscribir la Unión Civil a solicitud de ambos integrantes, previa verificación del cumplimiento de los requisitos dispuestos en la presente ley.

b)       Inscribir, en su caso, la disolución de la Unión Civil.

c)       Expedir constancia de inscripción o disolución a solicitud de cualquiera de los integrantes de la Unión Civil.

Artículo 3º.- Prueba

A los efectos de proceder a la inscripción de la Unión Civil, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1º se prueba por un mínimo de dos (2) testigos y un máximo de cinco (5), excepto que entre las partes haya descendencia en común, la que acreditará fehacientemente.

Artículo 4º.- Derecho

Para el ejercicio de los derechos, obligaciones y beneficios que emanan de toda normativa dictada por la Provincia, los integrantes de la Unión Civil tendrán un tratamiento igual al de los cónyuges.

Artículo 5º.- Impedimentos

No pueden constituir una Unión Civil:

a)       Los menores de edad

b)       Los parientes por consanguinidad ascendiente y descendiente sin limitación y los hermanos y medio hermanos.

c)       Los parientes por adopción plena, en los mismos casos de los incisos b) y e). Los parientes por adopción simple, entre adoptante y adoptado,  adoptante y descendiente o cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de la misma persona entre sí y adoptado e hijo del adoptante. Los impedimentos derivados de la adopción simple subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada.

d)       Los parientes por afinidad en la línea recta en todos los grados.

e)       Los que se encuentran unidos en matrimonio, mientras subsista.

f)         Los que constituyeron una unión civil anterior, mientras subsista.

g)       Los declarados incapaces.

Artículo 6º.- Disolución

La Unión Civil queda disuelta por:

a)       Mutuo acuerdo.

b)       Voluntad unilateral de uno de los miembros de la Unión Civil.

c)       Matrimonio posterior de uno de los integrantes de la Unión Civil.

d)       Muerte de uno de los integrantes de la Unión Civil.

En caso del inciso b), la disolución de la Unión Civil opera a partir de la denuncia efectuada ante el Registro Público de Uniones Civiles por cualquiera de sus integrantes. En este acto, el denunciante debe acreditar que ha notificado fehacientemente su voluntad de disolverla al otro integrante de la Unión Civil.

Artículo 7º.- Reglamentación

El Poder Ejecutivo Provincial dictará las disposiciones reglamentarias para la aplicación de lo establecido en la presente ley en el término de 120 días desde la fecha de promulgación.

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