I: Indignada Deheza con la legislatura gorila

El 21 de diciembre en la Legislatura se trató un asunto que proponía  expropiaciones  en Río Grande, donde viven miles de personas en asentamientos precarios. El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo con trámite de urgencia. Y si bien no resultaba novedoso, porque ya había proyectos similares en comisión, éste avanzaba en las correcciones que ya se habían hecho a los asuntos que esperaban definición.   Está claro que se trataba de un proyecto urgente, necesario y para beneficio de los que viven en condiciones de enorme precariedad.

La mayoría parlamentaria decidió enviar a archivo el asunto y tomarse tres meses más para dar algún marco de tranquilidad a vecinos de Río Grande.

Quien propuso el archivo fue el legislador Velázquez, surgido del sindicato de camioneros, quien hace llamarse legislador “obrero”. Propuso una de las medidas más crueles para el pueblo: postergar el acceso a vivienda digna, a tranquilidad, a vivir sin miedo. Con un discurso torpe, provocador y mentiroso impulsó el pase a archivo.  Velázquez, un personaje lamentable, con las peores prácticas y las peores construcciones políticas. Todo lo que toca, lo rompe.

La sesión puede ilustrarse en algunos tramos: la legisladora de Encuentro Popular Elida Deheza  denunció las intenciones de los legisladores de enviar a archivo el proyecto, manifestó la perplejidad frente a la postura del peronismo en la Cámara de demorar las soluciones para quienes más necesitan y el cinismo del legislador Velazquez (en la imagen se lo puede ver detrás),  quien pidió a voz en cuello el archivo.

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Los números de 2010

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Lugares de interés en 2010

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Minga! junio, 2010

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Sobre este espacio junio, 2010
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DERECHO A LA VIVIENDA junio, 2010
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Proyectos junio, 2010

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Ushuaia: desarmes en la medianoche

 

Desterrar el miedo y la miseria son objetivos del Milenio. En Ushuaia, la política del miedo sigue siendo moneda corriente: el Municipio encara desarmes (destrozos) sin orden judicial y con asistencia de la policía provincial. Esto ocurrió el domingo 12 en horas de la madrugada.

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Las construcciones miserables

Un concejal de Río Grande explicó, sin ponerse colorado, por qué armaron un nuevo partido descartando compañeros de historia de construcción política. Simplemente no reconocían su liderazgo.

Triste, chiquito y miserable esto…

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Crónica de la semana II

18 de Noviembre de 2010

Quedó aprobado el Convenio con la Empresa Energía y Química Tierra del Fuego (convenio chino) por mayoría.

Junto al legislador Manuel Raimbault votamos negativamente, sin que eso signifique estar en contra de la industrialización de los recursos naturales y mucho menos de optimizar las regalías que percibe la provincia en concepto de hidrocarburos. Buscamos diferir el tratamiento legislativo y que las elecciones del año próximo definan si mayoritariamente se acompañaba el proyecto. Tres precandidatos a la gobernación se habían manifestado en contra. Las políticas de Estado, los contratos plurianuales y los compromisos a futuro necesitan de -por lo menos- comprensión y acompañamiento general.

Dos cuestiones debían ser tenidas en cuenta sobre el asunto: la legalidad y la legitimidad.

Sobre la legalidad, el Fiscal de Estado de la Provincia realizó cinco observaciones al convenio, fundamentalmente de letra preventiva… teniendo en cuenta que se trata de una inversión de capitales chinos. El gobierno, a través de la Secretaría Legal y Técnica resolvió que el Fiscal de Estado no debía opinar sobre el asunto, de modo tal que no le giró el expediente.

La otra cuestión era la de legitimidad. Podemos como legisladores tomar decisiones, sin embargo miles de personas manifestaron no saber de qué se trataba, estar en contra o temer el saqueo de los recursos o la realización de malos negocios. ¿Cómo conciliar el desarrollo con la participación? Conviene, indudablemente para una mayoría a la que no escapa ninguna fuerza política, que los negocios sigan siendo cosas de expertos.

Sobre el convenio chino quiso una diputada por Tierra del Fuego, la conservadora Fadul que hace alianza con el grupo del peronismo federal y la CC armar un gran chiquero. Reunió gran cantidad de firmas pidiendo consulta popular y fue a C5N a sembrar escándalo. La cadena de noticias viajó a Tierra del Fuego y al mejor estilo carancho buscó la información que pudiera sazonar la carne podrida que les vendió/compró (?) Fadul. Yo, personalmente, le dije NO  a Klipphan. Triste Fadul, muy triste.

La mayoría de la Legislatura creyó conveniente votar y aprobar el proyecto pese a la opinión del Fiscal de Estado y pese a las dudas existentes. Quizás estén en lo correcto

Lamento no haber podido votar un proyecto sobre el que tuve enormes certezas y esperanzas. Tengo sí la convicción que la construcción de mayorías no es con el método tradicional de convencer las manos de los legisladores.

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Juicio Político: Voto por destitución, inhabilitación y resarcimiento del daño causado

Para conocimiento público transcribo mi voto por la destitución de uno de los vocales contadores del Tribunal de Cuentas de la Provincia. La acusación original fue para los tres integrantes del órgano de control, sin embargo la Sala Acusadora resolvió que el proceso debía seguir sólo a quien había participado desde un primer momento de la composición del Tribunal. La Juzgadora, que integré, lo encontró políticamente responsable de haber interpretado arbitrariamente el artículo 7º de la ley 50 (de creación del Tribunal de Cuentas) que establece la remuneración en el 85% del sueldo de un legislador. Los Tribunos llegaron a casi duplicarlo.

Señor Presidente

Pueblo de la Provincia de Tierra del Fuego:

En atención a lo dispuesto por el art. 121 de la Constitución Provincial, en mi carácter de Miembro de la Sala Juzgadora de la Legislatura Provincial, voy a emitir mi voto nominal y fundado en esta causa caratulada “JUICIO POLÍTICO CONTRA LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA SRES. CPN CLAUDIO ALBERTO RICCIUTI, CPN LUIS ALBERTO CABALLERO Y EL DR. MIGUEL LONGHITANO”.

Por el presente proceso, el CPN Claudio Alberto RICCIUTI está siendo juzgado por  mal desempeño del cargo de vocal contador del Tribunal de Cuentas de la provincia de Tierra del Fuego, de conformidad a los términos de la denuncia efectuada. Y esa fue la acusación concreta: la causal contemplada en el art. 114 inc. 3º de la Constitución Provincial.-

Tal causal se halla fundada -de acuerdo a los términos de la acusación- en los siguientes cargos:

a)             Transgresión reiterada de la remuneración que se otorgó de lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 50, al haberle asignado al límite legal un valor meramente referencial.

b)             Haber actuado como vocal legal, en los acuerdos plenarios Nº 1028 y 1036 que dieron lugar a la transgresión del artículo 7 de la ley 50, sin haber sido designado para cumplir tal función, ni cumplimentar con los requisitos legales para dicha función; y

c)             Haber permitido actuar como Vocal Legal a un agente de planta permanente.

I.- Observancia de las garantías de debido proceso y defensa en juicio del acusado.-

De un examen exhaustivo de las actuaciones tengo que se han respetado las prescripciones de la Constitución Provincial así como de las leyes provinciales números 21 y 331 que apuntan a garantizar al enjuiciado el debido proceso adjetivo y la inviolabilidad de la defensa en juicio de sus derechos e intereses.-

Tal como lo prevé el art. 5º de la ley provincial nro. 21, la Comisión Investigadora, dentro de las 72 hs. de recepcionada la denuncia corrió traslado al denunciado para que hiciera su descargo y ofreciera pruebas. Derecho éste que ejerció con plena  libertad. Si bien algunas medidas probatorias fueron desestimadas por impertinentes y se rechazaron los planteos de recusación y prejudicialidad por dicha Comisión, la decisión fue razonablemente fundada y tomada dentro de la esfera de facultades legales del Órgano.

En el término legal la Comisión Investigadora emitió dictamen y elevó a la Sala Acusadora la causa, aconsejando acusar al denunciado por mal desempeño del cargo.-

En su término la Sala Acusadora decidió que corresponde el juzgamiento del denunciado, lo notificó a éste de la existencia de la acusación suspendiéndolo en sus funciones.-

El acusado procedió a nombrar abogado defensor de su confianza para que asuma su representación en el juicio.

Se le dio al acusado el máximo término legal para que hiciera su defensa una vez oídas las acusaciones, lo cual hizo libremente y sin impedimento de ningún tipo.-

El defensor del acusado efectuó  los planteos que entendió tenía derecho y ofreció nuevamente los medios de prueba que habría de valerse. La sala Juzgadora admitió la realización de los medios de pruebas ofrecidos, rechazando los que resultaron manifiestamente inconducentes y sobreabundantes.

Asimismo se le dio la oportunidad de alegar sobre el mérito de la prueba ya producida al momento de hacer su defensa.

En atención a tales antecedentes reseñados me encuentro en condiciones de afirmar que en el presente proceso que se sigue, se ha respetado el derecho de defensa del acusado, en el marco de un proceso regular, transparente y republicano.-

Debemos tener presente  que nos encontramos ante un procedimiento de juzgamiento de la responsabilidad política de un funcionario público,  en el cual la  naturaleza y la finalidad propia de tal procedimiento, lo distancian del cumplimiento riguroso de las formalidades propias de todo proceso judicial.

Ello ha sido de expresa mención por nuestra CSJN, en el precedente “Peres” (de fecha 01/06/2010) al puntualizar “Que por ser el objetivo del juicio político, antes que sancionar al magistrado o funcionario, el de determinar si éste ha perdido los requisitos que la ley y la Constitución exigen para el desempeño de la función para la que ha sido designado, el sentido de un proceso de esta naturaleza es muy diverso al de las causas de naturaleza judicial, por lo que sus exigencias revisten una mayor laxitud” reafirmando lo expresado en el precedente “Brusa”[1]

Queda claro, entonces que en los trámites de juicio político, no se observan en toda su extensión, “las formalidades rigurosas de los tribunales ordinarios”, dada su singular  naturaleza y función y que conforme los antecedentes del presente proceso queda demostrado palmariamente el debido respeto a la garantía de defensa del acusado.

II. Cargos de Acusación.

La denuncia, que principia y da inicio al presente proceso, se efectuó respecto de los tres miembros  integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia,  por el hecho de haber determinado el monto de sus haberes, en flagrante violación de los arts. 7 de la Ley 50 y73 inc. 4 CPTDF.

Sin embargo, al no haberse alcanzado el voto de los dos tercios de los integrantes de la Sala Acusadora, la moción respecto del juzgamiento de los vocales LONGHITANO, y CABALLERO  no prosperó; y  si, en cambio, la correspondiente al vocal contador Claudio Alberto RICCIUTI.

De esta manera, la Sala Acusadora, mediante Acta Nº 05/2010, resolvió   formular ACUSACIÓN respecto del Contador Claudio Alberto RICCIUTI,  por mal desempeño del cargo de Vocal contador del Tribunal de Cuentas de la provincia, por haber:

a)             Transgredido en forma reiterada con la remuneración que se otorgó  lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 50, al haberle asignado al límite legal un valor meramente referencial;

b)             haber actuado como vocal legal, en los acuerdos plenarios Nº 1028 y 1036 que dieron lugar a la transgresión del artículo 7 de la ley 50, sin haber sido designado para cumplir tal función, ni cumplimentar con los requisitos legales para dicha función; y

c)             Haber permitido actuar como Vocal Legal a un agente de planta permanente.

Debo adelantar, que en relación al aspecto central de la presente acusación consistente en haber, el acusado, determinado los importes de sus remuneraciones en montos superiores a los límites legales y constitucionales impuestos, el hecho ha existido. Encontrándome plenamente convencida que en este aspecto la acusación ha resultado plenamente demostrada. Y dicho hecho como causa de la denuncia y la acusación no ha sido negado en su  materialidad por el Vocal contador RICCIUTI, teniendo la misma, por sí sola la entidad suficiente como para justificar la destitución del funcionario por mal desempeño en el cargo.

Sin embargo, cabe reconocer que asiste razón al acusado, respecto del segundo y tercer cargo formulado.

La supuesta imputación de actuar como vocal legal, en los acuerdos Plenarios Nº 1028 y 1036, más allá de lo poco feliz de la terminología utilizada al hacerse referencia al contador RICCIUTI como “vocal legal”, cuando debió asentarse “a cargo de la vocalía legal”, lo cierto, es que  ello no resulta suficiente para tener por configurado, en los hechos, el supuesto cumplimiento del ejercicio de una función para la cual no había sido designado, en razón de que, tal como se desprende de dichos acuerdos, los mismos fueron suscriptos por sus tres miembros vocales en su calidad de tales, y la diferenciación e individualización de los mismos en” Presidente”, “Vocalía de auditoría” y “Vocalía Legal”, responde a una estructuración funcional interna propia del Tribunal de Cuentas, pero en ningún caso importó que el contador RICCIUTI  haya usufructuado o se haya otorgado la calidad de miembro Abogado del Tribunal de Cuentas.

Y finalmente, respecto a  la Resolución Plenaria Nº 14/99, a  la fecha de su emisión, la posibilidad de cubrir la ausencia de uno de los vocales por el secretario correspondiente (ya sea por el Secretario Legal o por Secretario Contable) estaba expresamente prevista por el art. 12 de la ley 50, en su redacción original (sin las modificaciones introducidas por la ley 495), por la cual dicha cobertura en la oportunidad señalada, se encontraba ajustada a derecho.

En razón de ello, desde ya adelanto mi opinión respecto de  la  desestimación de éstos dos últimos cargos formulados por la acusación, sin perjuicio de que de mi voto, tal cual lo señalara precedentemente, prosperará  en el sentido de considerar que vocal contador Claudio Alberto RICCIUTI ha incurrido en mal desempeño del cargo, por reiterada y prolongada vulneración en la determinación y percepción  de sus haberes en flagrante violación al límite legal dispuesto por el artículo 7º de la ley 50.

III.- De la violación a los límites legales y constitucionales en la determinación de sus haberes.

Adentrándonos en el análisis particular del cargo central formulado, primeramente debo señalar que ha quedado plenamente demostrado,  de la compulsa de las probanzas adjuntadas al proceso (Resoluciones Plenarias y recibos de haberes) que desde el inicio de la conformación del Tribunal de Cuentas, a partir del año 1994[2], el importe de las remuneraciones de los miembros integrantes han superado el límite  legal previsto en el artículo 7 de la ley 50  (  el 85% de la dieta del legislador) y  el límite constitucional del art. 73 inc. 4 (la remuneración fijada por ley para el gobernador), o si se quiere, en otros términos, desde la constitución del  Tribunal de Cuentas, los miembros (entre los que se encontraba el contador RICCIUTI) fijaron y percibieron sus remuneraciones en sumas superiores a la remuneración asignada por ley a los legisladores y sólo les llevó un año superar la cifra asignada por ley al Gobernador de la Provincia. Manteniendo la vulneración del tope remuneratorio legal, del artículo 7º de la ley 50, y el tope constitucional del artículo 73 inc. 4 CPTDF, en forma constante a lo largo de los años a través de sucesivos aumentos salariales.

Este es el contexto fáctico del cual debe necesariamente partirse para comprender los hechos imputados. Con la particularidad de que el  acaecimiento de dicha plataforma fáctica, (esto es que el vocal contador, viene, desde hace 16 años, determinando y percibiendo sus haberes en los importes señalados) no ha sido negado por el acusado, y muchos menos objeto de refutación con prueba documental.

Habiéndose constatado de manera irrefutable el aspecto fáctico de la conducta que se enrostra al acusado, resta determinar si la percepción de tales sumas de dinero en concepto de remuneración resultaron LEGÍTIMAS; esto es ajustada a derecho, en cumplimiento de la ley.

Y es aquí, donde se pone de manifiesto, en forma patente la causal de mal desempeño del cargo, puesto que los argumentos esgrimidos por la defensa, no logran rebatir que la determinación y percepción de tales emolumentos, RESULTARON ILEGÍTIMOS por violación del tope remuneratorio previsto en el art. 7 de la ley 50 y el art. 73 inc. 4 CPTDF; con la gravedad  de que la percepción para sí del acusado de tales emolumentos, se realizó con su participación directa al sostener y recurrir a argumentaciones falaces, para hacer decir a la ley algo que no decía, y así obtener  en forma directa un beneficio para sí mismo.

A fin de clarificar lo expuesto habremos así de analizar el derecho que resulta de aplicación (art. 7 de la ley 50 y art. 73 inc. 4 CPTDF) y las defensas esgrimidas al respecto por el acusado.

En efecto el artículo 7 de la ley 50, expresamente señala “que la remuneración a percibir por los miembros del Tribunal será equivalente al ochenta y cinto por ciento (85%) de la dieta que percibe un legislador provincial”.

Los términos “remuneración”  y “será equivalente” no dejan margen a dudas. La remuneración de los miembros debía ser equivalente al 85% de la dieta de un legislador Provincial, y el cumplimiento de dicha disposición de por sí implicaba directamente el cumplimiento del art. 73 inc. 4 CPTDF, puesto que la dieta del legislador se determina por ley, en un porcentaje de la remuneración prevista para el Gobernador de la Provincia.

La letra de la ley es más que clara y a tal punto no presenta dificultades en su interpretación, que  la aplicación directa, lisa y llana de su letra en consonancia con lo dispuesto en las leyes que determinan la remuneración del Gobernador, armónica y sistemáticamente importa el cumplimiento del precepto constitucional del art. 73 inc. 4, toda vez que al  limitar la remuneración de los miembros a un porcentaje de la dieta de los legisladores, encontrándose ésta última  atada en su determinación a un porcentaje de la remuneración del Gobernador, implícitamente, de manera armónica, concatenada y sistemática se estaba dando cumplimiento al precepto  constitucional del art. 73 inc. 4 CPTDF.

Sin embargo, para poder sortear tal límite legal y constitucional, el vocal contador RICCIUTI, alego en su defensa una interpretación que además de errada  resulta sumamente confusa,  cuando en forma expresa señala que al haberse: “previsto un monto máximo en carácter de sueldo y la prohibición de percibir ciertos adicionales, pudo entenderse razonablemente que el legislador, en el artículo 1° de las Leyes N° 2, N° 277 y N° 732, ha empleado el vocablo remuneración mensual, habitual y permanente, no en su significado amplio y general, sino en el sentido restringido de sueldo básico.”

Y por dicha circunstancia,  se consideró  y así quedó plasmado en el Acuerdo Plenario Nº 1/94, que el artículo 7 de la ley 50 cuando establecía la equivalencia de la remuneración de los miembros al 85% de la dieta del legislador, era meramente referencial,  y dicha equivalencia debía ser aplicada al sueldo básico de los miembros,  y que al no encontrarse alcanzadas por la prohibición de percibir adicionales, a dicha suma podían  anexarse los adicionales remuneratorios de antigüedad y título. Y  tal interpretación totalmente arbitraria y antojadiza, a través del dictado de sucesivas Resoluciones Plenarias, se llevó a un punto tal que las remuneraciones del acusado,  superaron  ampliamente no sólo la  remuneración del legislador (límite legal) sino también la del Gobernador (límite constitucional).

Si bien los criterios de interpretación pueden ser diversos, lo cierto es que existe una directriz de la Corte Suprema de Justicia, que se acepta de modo muy extendido en la doctrina, que consiste en que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y, cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contemplado, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que, sin declarar la inconstitucionalidad de la disposición legal, equivaliese a prescindir de su texto (v. doctrina de Fallos 320:61, 2647; 321:1434; 323:3139, entre muchos otros).

En este sentido, ha quedado acabadamente demostrado  que el art. 7º ha sido abiertamente distorsionado en su interpretación. Y que dicha distorsión ha sido de tal magnitud, dado su sistematicidad y reiteración, que ha llevado al acusado a determinar  su propia remuneración en violación al límite legal impuesto, y por ende percibir durante más de 16 años  sumas de dinero en concepto de sueldo, sin justificación legal, es decir a la postre ilegítimas.

Sobre la  inconsistencia, incoherencia y arbitrariedad de la interpretación efectuada por el acusado, habré de adherir en su totalidad, por su claridad y contundencia, al voto nominal del Legislador Raimbault, en su carácter de miembro de la sala acusadora, el cual considero, en este tópico, pertinente transcribir:

“no cabe al Tribunal apartarse del principio primario de la sujeción de los jueces a la ley ni atribuirse el rol de legislador para crear excepciones no admitidas por éste, pues de hacerlo así olvidaría que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación la norma debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas en aquélla (Fallos: 218:56; 299:167). También ha señalado este Tribunal en otros muchos asuntos que la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta su contexto general y los fines que las informan (Fallos: 329: 2876, 2890 y 3546; 330:4454).

En otras palabras, cuando el texto es claro, hay que estar a la letra de la ley que, en el caso, fija a los vocales del Tribunal de Cuentas una “remuneración … equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la dieta que percibe un legislador provincial”.

El art. 7 de la ley 50, establece un reenvío a las leyes que fijan las dietas de los legisladores, que desde su inicio establecieron que “ningún funcionario alcanzado por esta Ley percibirá los adicionales por antigüedad y título” (artículo 5º, ley 2).

La referencia a la ley nº 2 es importante, pues ha sido en el marco de la vigencia de dicha ley que el Tribunal de Cuentas de la Provincia interpretó, mediante el Acuerdo Plenario de fecha 11 de julio de 1994 que “Al considerar que el artículo 7 de la ley 50, al referirse a los haberes de los miembros, se encuentra determinando un parámetro, pero no un tope, ya que no señala que la única remuneración o el total de la misma es el 85 % del haber de un legislador provincial, se considera equitativo adicionar el título al pago de la mencionada remuneración, teniendo en consideración que para los cargos de que se trata es imprescindible contar con título universitario de Contador Público Nacional o Abogado. Que el pago del adicional indicado debe efectuarse en la misma forma y con la misma característica que al personal escalafonado en la Administración Pública. Con referencia a la asignación por antigüedad se considera que, corresponde su pago, pero ello limitado a la función que se desarrolla. Todo lo indicado, tiene fundamento en que el Tribunal de Cuentas no ha sido incluido en la Ley Provincial Nº 2”. (fs 200)

Demás está decir que al sancionar el art. 7 de la ley 50, los legisladores sabían de la dieta a la que se remitían para fijar la equivalencia porcentual de las remuneraciones. También, por cierto, al sancionar el artículo 7 de la ley 50, los legisladores tenían presente que la totalidad de los cargos requerían contar imprescindiblemente con título universitario. Ello no era una sorpresa. Era una imposición constitucional (cfme. Arts. 163 y 164 TDF).

Más sin perjuicio de ello, resulta importante analizar, para evaluar el accionar de los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia, los antecedentes que motivaron la sanción de la ley nº 2.

Es importante destacar que, al iniciarse el trámite parlamentario, el Legislador Bianciotto se encarga de destacar que esa ley era una imposición constitucional, reglamentaria de varias normas constitucionales (entre ellas, el art. 73 de la CPTDF). Señaló el parlamentario:

quisiera fundamentar la ley presentada, teniendo en cuenta algunos conceptos vigentes hoy en la Constitución que rige a la Provincia de Tierra del Fuego y que son los siguientes: las prescripciones contenidas en la Constitución Provincial dispone en las Disposiciones Transitorias, en su cláusula N° 14°, que “en la primera Sesión que realice la Legislatura establecerá la dieta de sus miembros y fijará las remuneraciones del Gobernador y Vicegobernador, con arreglo a esta Constitución”.

Cuatro artículos se refieren a este tema, los Nros. 73°, 74°, 95° y 134°. En ellos se define que la remuneración que perciban los nuevos funcionarios, tanto designados como electos, de los tres Poderes Provinciales, organismos y entes descentralizados, en ningún caso podrán superar a la del Gobernador de la Provincia”.

En la ley que se estaba tratando, el artículo 5º, en su originaria redacción establecía lo siguiente: “Artículo 5°.- A las remuneraciones fijadas en los artículos precedentes se les adicionarán las asignaciones familiares, y a los que soliciten y les correspondiere los adicionales por título y antigüedad, conforme a la reglamentación que se adjunta como Anexo I de la presente”.

Es decir, originariamente estaba prevista expresamente la posibilidad de agregar a la remuneración, “los adicionales por título y antigüedad”, limitando dicha posibilidad al pedido expreso y voluntario del interesado. Se creía, por entonces, que la sola posibilidad de pedirlo ruborizaría a cualquiera y, en los hechos, una elemental autolimitación fundada en que la vergüenza evitaría el incremento salarial.

Afortunadamente el titular del Poder Ejecutivo advirtió que la vergüenza por sí sola no bastaba para evitar el incremento. Era preferible un impedimento legal, más que uno que dependiese de la sola voluntad del interesado.

Y así fue que mediante el Decreto 32/92 se veta el artículo 5º. Entre otros argumentos, el entonces Gobernador Estabillo entiende que “… si bien este Ejecutivo ha considerado que el cobro de tales adicionales es facultativo y que tiene conocimiento que la gran mayoría de los miembros de la legislatura ha adelantado su intención de renunciar a su percepción, la posibilidad de que un número importante de pasivos opte por su cobro y que la norma en cuestión puede constituir un precedente jurídico de consecuencias irreparables, considera necesario proceder a vetar parcialmente la ley en exámen”.

Vuelto a la Legislatura el tema, la cuestión fue abordada en la sesión del día 18 de febrero de 1992. Allí no solo que se acepta el veto, sino que se agrega una nueva redacción prohibiendo lisa y llanamente la percepción de los adicionales por título y antigüedad.

En este sentido, el legislador Rabassa expresó:

Este Cuerpo ha analizado exhaustivamente tanto el texto original de la ley como los fundamentos expuestos por el señor Gobernador en los decretos a los cuales hice referencia, y en primer lugar, en lo que corresponde al veto del artículo 5°, los legisladores en Comisión, hemos aceptado el veto impuesto por el Poder Ejecutivo, fundado éste, en que la incorporación de los adicionales por antigüedad y título llevarían a algunas de estas remuneraciones a valores excesivos, tanto en los legisladores actualmente en funciones como en el mismo caso del señor Gobernador y del señor Vicegobernador, como también en aquellos ex funcionarios de rango equivalente, que hoy disfrutan de las denominadas jubilaciones de privilegio.

Estos argumentos fueron aunados por consultas con funcionarios de la Administración Provincial, quienes fundamentaron ampliamente estos puntos de vista y el conjunto de los legisladores ha decidido aceptar el veto, renunciando expresamente a los adicionales por antigüedad y título que pudieran corresponder y más aun, agregando al texto original de la ley un artículo en el cual, a partir de este momento, ningún funcionario en condiciones similares podrá percibir estos adicionales.

Creemos que de esta manera, hemos interpretado el punto de vista expuesto por el señor Gobernador en el Decreto correspondiente y en tal sentido hemos procedido.

No quería dejar pasar esta oportunidad para expresar, antes de llegar a la instancia de la votación, que la Legislatura ha escuchado atentamente los argumentos aportados por el Poder Ejecutivo, ha comprendido las razones del veto y ha modificado su punto de vista en consecuencia, no sólo no insistiendo en el texto original de la ley sino modificándolo, de modo que de adecuarse al espíritu expuesto en el decreto que nos ha enviado el señor Gobernador

Resulta importante destacar, en este aspecto, las expresiones del legislador Oyarzun, pues de ellas surge nítidamente que, al sancionar esa ley se estaba reglamentando el art. 73 inciso 4, y se lo hacía de esa manera, pues se tenía expresa consideración de su aplicación al poder judicial que por entonces daba sus primeros pasos en la provincia.

Decía el legislador Oyarzun:

Ya se ha argumentado a favor de esta ley cuando trabajamos en Comisión lo suficiente como para no abundar en más detalles. Pero, fundamentalmente quería resaltar el hecho de que cuando nosotros establecemos estas remuneraciones, lo estamos haciendo teniendo en cuenta la jerarquía de los funcionarios de qué se trata. Nosotros estamos fijando las remuneraciones, en el caso de los legisladores, que son quienes más están en cuestión, de los quince funcionarios de éste, el principal poder del Estado.

Entonces, esto a nosotros nos hace conducir a que es una ley marco, es una ley que va a regular, con toda seguridad las asignaciones o remuneraciones de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial y aun de los integrantes del Poder Judicial, una vez constituido.

Estoy seguro de que si a los legisladores presentes, quienes ya hace un mes y medio venimos con este desgaste de la dieta, se nos hubiera propuesto que trabajáramos por tres mil pesos, igual lo hubiéramos hecho, pero me pregunto, si nosotros hubiéramos conseguido jueces que trabajaran por esa plata, o funcionarios con toda la responsabilidad que ellos tienen, ¿lo harían por ese importe de tres mil pesos que estoy mencionando?”.

Concluyendo el legislador Raimbault, en opinión que comparto, que En definitiva, de los antecedentes surge que, no sólo que no puede entenderse, de modo alguno, que la ley que fija la dieta de los legisladores lo hace en concepto de sueldo básico. Mucho menos puede entenderse que, con dicho texto, dejo librada a la voluntad de cada funcionario, la posibilidad de percibir los adicionales por título y antigüedad.

A ello,  cabe agregar que, el debate parlamentario con motivo de la sanción de la ley Nº 2, puso de manifiesto que el espíritu de la ley,  lejos estaba de afirmar la idea del acusado, respecto de que la dieta del legislador  era tan sólo un “sueldo básico”, al cual podían adicionarles sumas remunerativas. Sino todo lo contrario, puesto que el Legislador Bianciotto, fue categórico y contundente cuando señaló  “que interpretando la Constitución, el espíritu de la misma nos hace pensar que pretende poner límites a las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos, y a la vez pretende desterrar la práctica de adicionar a  la dieta sumas de dinero en diversos conceptos, sin la existencia de la debida rendición de cuentas. Finalizando su exposición con la afirmación de que justamente el proyecto de ley en tratamiento suponía poner fin: “ a una etapa de la que no vamos a abrir juicio, pero que queremos superar con un nuevo perfil institucional que parte inicialmente del concepto de lo que debe significar la remuneración de un funcionario”.

Queda claro entonces, que desde el nacimiento de nuestra provincia, con la sanción de nuestra Carta Magna Provincial y las posteriores leyes sancionadas en materia de remuneración de los funcionarios públicos, se pretendió imponer límites a la remuneración de los mismos a fin de evitar viejas prácticas de adicionarse sumas de dinero bajo cualquier concepto, garantizando de esta manera los imperativos constitucionales expresos de transparencia y  eficiencia del gasto público.

El artículo 7º de la ley 50 claramente siguió tal lineamiento al disponer que las remuneración a percibir por los miembros del Tribunal será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la dieta que percibe un legislador provincial, y fue la interpretación antojadiza y arbitraria, efectuada y sostenida a lo largo de estos 16 años por parte del acusado, de considerar dicha porcentaje como meramente referencial, como “sueldo o remuneración básico” y  adicionar al mismo los adicionales de título y antigüedad, lo que ocasiono,  el abierto y manifiesto INCUMPLIMIENTO de tal precepto legal, al no tener la remuneración percibida por el vocal contador la equivalencia prevista en dicha norma. De considerar válida la interpretación efectuada por el acusado, en rigor de verdad deberíamos aceptar que el que el artículo 7º de la ley 50, no existe, puesto que si tal equivalencia dispuesta, podría ser vulnerada a través de la incorporación de distintos adicionales cualquiera sea su denominación, ello importaría ni más ni menos que afirmar la inexistencia de límite legal,  admitir la no vigencia de la norma, lo que sería jurídicamente inadmisible en nuestro Estado de Derecho.

Debe ponerse especial atención, que el hecho que se reprocha al acusado, es haber – mediante la introducción de adicionales remunerativos- vulnerado el límite legal, haber incumplido la ley, al no sujetarse a los parámetros o equivalencias que la misma establece, vulnerando no sólo su letra, sino su espíritu. La conducta del acusado de haber incorporado a sus haberes los adicionales de “título” y “antigüedad”, no sólo que le estaba vedado por la remisión que el artículo 7º de la ley 50 efectuaba a la ley Nº 2, sino en particular porque, tal inclusión, en los hechos importo que el acusado se sustrajera de cumplir el monto o cifra que tal precepto legal establecía como su remuneración, es decir,  más allá de cual hubiese sido la conformación o composición que hubiere adoptado el Tribunal de Cuentas en sus haberes, lo cierto es que la misma en su total composición, en ningún caso, podía superar el límite legal, en ningún caso podía ser mayor a la equivalencia dispuesta (el 85% de la dieta del legislador provincial).

Y por  ello es que debo nuevamente coincidir con el Legislador Raimbault, cuando afirma “que la interpretación sostenida por los denunciados no solamente resulta arbitraria, sino también, en términos políticos, incompatible con ese nuevo perfil institucional que, en la materia, se intentó plasmar desde el primer momento de la provincialización de Tierra del Fuego.

De lo expuesto hasta el presente se advierte, como el hecho denunciado basamento de la acusación,  esto es, determinarse para sí, emolumentos salariales superiores al límite previsto en la ley 50, tiene una vinculación directa con nuestra Constitución, en particular con su artículo 73 inciso 4.

Y en este aspecto debo adelantar  que el analizar tal precepto constitucional en el marco del presente voto, en grado alguno  importa la vulneración al principio de congruencia judicial, en el sentido lógico que la sentencia debe versar sobre los sujetos individualizados en la demanda, recaer sobre el objeto reclamado y pronunciarse en virtud de la causa invocada; sino todo lo contrario, es justamente, delimitar correcta y adecuadamente el encuadre  jurídico bajo el cual se debe juzgar  los cargos que se imputan  al acusado.

Vale recalcar, que  las características fácticas del caso sometido a juzgamiento no se ven modificados, no se está introduciendo un hecho distinto o nuevo  no alegado, sino todo lo contrario, se trata de encauzar la conducta en el marco jurídico vigente que resulta de aplicación. En definitiva, de individualizar en toda su extensión el derecho aplicable al caso.

Ello es así, puesto que  de acuerdo al análisis de los antecedentes reseñados (debate parlamentario de la ley Nº 2,  leyes Nº 2, 277, 327 y artículo 7 de la ley 50), se advierte que tales normas, tuvieron por fin inmediato imponer límites concretos y precisos a la remuneración de los funcionarios públicos alcanzados por dichas normas, previendo en su  determinación  que no se superase el límite del artículo 73 inc. 4 CPTDF. De allí que  justamente, dichas leyes,  determinaran la dieta de los legisladores en un porcentaje de la remuneración del Gobernador, y de los miembros del Tribunal de Cuentas en un porcentaje de la dieta del legislador, guardando así plena armonía con la jerarquía salarial impuesta por el art. 73 inc.4 CPTDF.

Y esto no puede ser objeto de desconocimiento,  omitiendo todo análisis de la disposición constitucional citada.

No obstante ello, no puedo dejar de señalar  que dicha cuestión pueda resulta  -en los aspectos de la imposición y/o atribución de responsabilidad, inoficiosa- pues que ha quedado plenamente comprobado que el incumplimiento al art. 7º de la ley 50, ha sido de tal ENTIDAD Y GRAVEDAD,  que éste, por sí mismo,  justifica la destitución del funcionario por mal desempeño en el cargo.

Sin perjuicio de ello, comparto y me remito, a lo expresado por el Legislador Raimbault en lo que a este tópico respecta, en especial por resultar de suma  importancia que,  los actores sociales con responsabilidad política e institucional de nuestra provincia, tomen verdadera conciencia de que  -los innumerables conflictos que el cumplimiento de tal precepto constitucional o mejor dicho su falta de aplicación, ha generado a lo largo de la vida política e institucional de nuestra provincia y que, hoy no se han superado  pese a la sanción de la ley 805, que estableció un nuevo mecanismo de fijación de las remuneraciones, indicándose expresamente como se deberán tomar los límites remuneratorios – exigen  la toma de acciones positivas tendientes a lograr los  consensos necesarios que garanticen de una vez por todas el pleno respeto y cumplimiento de Nuestra Manda Provincial.

II.

Por otra parte, si lo que venimos desarrollando, respecto del desempeño del acusado, no fuera ya de por sí, de suma gravedad, a ello cabe adicionar, por la implicancia en orden a la efectiva vigencia del principio republicano de gobierno, la libertad de expresión y crítica, y el funcionamiento eficiente y eficaz de la administración, el hecho de que la Resolución Plenaria  4/94 (fs. 201/202) NO HAYA SIDO OBJETO DE PUBLICACIÓN en el Boletín Oficial.

Llama la atención que en su defensa anta la Sala Juzgadora, el acusado a través de su abogado defensor, manifestara  en forma contundente y rotunda que “ello no es cierto, ya que la totalidad de los actos eran mandados a publicar según reza en su parte dispositiva cada uno”  cuando de sólo compulsar la Resolución Plenaria nº 4/94, se advierte que su parte dispositiva, el artículo 2 de forma, nada dice respecto de la publicación.

Asimismo y tal como surge de la documental acompañada por el legislador Raimbault, en la instancia de la comisión investigadora, no existen constancias que de tal acto administrativo de disposición de fondos públicos haya sido publicado. Lo único que existe publicado, en el B.O. Nº 458, del 06 de febrero de 1995, es que se ha dictado una Resolución Plenaria del TCP que lleva el número 4, que titula “Aprobar presupuesto ejercicio ´95”, pero omitiendo publicitar en forma completa su contenido. En definitiva el contenido del acto, y por ende, el acto en sí, no se ha dado a publicidad.

Y al respecto la defensa no aporta prueba para desvirtuar tal afirmación.

Poniendo ello de manifiesto que a la par de que de conforme a lo dispuesto por los artículos 144 y 153 de la ley 141, dicho  acto carecería de toda “eficacia”,   por imperio de lo dispuesto en el artículo 8 CPTDF la misma devendría en nula de nulidad absoluta, sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales de las personas intervinientes en él”.

Huelga destacar la importancia que la publicación de los actos de gobierno, en especial tratándose de la disposición de fondos públicos, tiene en nuestra sistema representativo de gobierno, para  posibilitar el control ciudadano y el ejercicio de la libertad de expresión y de crítica, a la par de hacer efectivo el principio de transparencia en la gestión de la res pública y de la importancia y relevancia que -para el ejercicio de tales derechos por parte de la ciudadanía toda-  adquiere el garantizar el acceso público a los actos de gobiernos.

Al respecto, resulta sumamente ilustrativo, por la abundante, prestigiosa y reconocida doctrina y jurisprudencia citada,  la opinión que efectuara el Fiscal de Estado, en su carácter de Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Consejo de la Magistratura en el marco de la investigación llevada adelante en el expediente Nº 54/05 caratulado “De María Verónica Cecilia s/Denuncia c/Jueces del Superior Tribunal Justicia”.

En efecto en dicho informe, luego de un extenso repaso por la doctrina especializada, respecto de la importancia y rol que se le asigna a la publicidad de los actos de gobierno en el sistema representativo y republicano de gobierno, se señalo   “… Nada existe en democracia, como criterio básico, más importante que la participación popular, y una de las formas más eficaces y previa a cualquier acción es la toma de conocimiento acerca de la información.

La información y la participación tienen su grado máximo de actuación cuando pueden servir para un efectivo control popular. Por ello, la sumatoria de participación  y acceso a la información coloca en inmejorable condición al control popular, ya que lo torna efectivo y accesible para todos, dentro de una dinámica constante de acción cotidiana. La fórmula propuesta es de control permanente …” [3]

Y tan elementales principios, son totalmente soslayados por el acusado, limitándose a aseverar falazmente el cumplimiento de la publicidad de tal acto, como si tal afirmación categórica bastara para eximirlo de responsabilidad, y que tratándose de un funcionario con la exime función de control de la hacienda pública, es doblemente reprochable, omitir el cumplimiento de elementales criterios que hacen al control que debe necesariamente ejercer la ciudadanía toda.

III.

Por otra parte, la defensa del vocal contador RICCIUTI, ante la Sala Juzgadora, ensaya nuevas alegaciones no expuestas en su inicial descargo, que desde ya adelanto en mi opinión, los mismos no resultan aptos, ni pertinentes para desvirtuar la responsabilidad política que le cabe por haber determinado y percibido sus haberes  en incumplimiento al límite legal y constitucional impuesto, en forma sistemática  y constante durante los 16 años que se desempeño como miembro del Tribunal de Cuentas.

De esas nuevas alegaciones, la extensa narrativa en torno a los vaivenes de la presentación de su renuncia al cargo de vocal contador del Tribunal de Cuentas y el rechazo de la misma por la Sra. Gobernadora de la Provincia, resulta a todo evento IMPROCEDENTE, puesto que a la par de escapar a la competencia de esta sala resolver respecto de la oportunidad, mérito o conveniencia y/o razonabilidad o legalidad de tal acto administrativo, es evidente que tal asunto no guarda vinculación alguna con los cargos que se le imputan. Eximiéndome ello, de todo tratamiento o comentario al respecto.

La misma suerte, deberá correr la novelesca y  alegórica aseveración respecto a que su activa y decisiva participación con opiniones contrarias a la concreción del contrato denominado popularmente como “Convenio Chino” generó malestar en el Poder Ejecutivo y ello constituyó  la razón “oculta” de la denuncia del actual senador José Carlos Martínez, quien fuera elegido por  el Ejecutivo para ello.

La verdad es que tal fabulesca ficción, a la par de constituirse en una alegación mediática que inútilmente pretende tender un manto de sospecha  sobre la legitimidad del presente proceso, desviando  la discusión pública  del hecho efectivamente comprobado que resulta de imputación, esto es, su conducta abiertamente ilegítima perpetrada durante los 16 años que se desempeño como miembro integrante del Tribunal de Cuentas, insulta la inteligencia de la ciudadanía toda y de esta sala, al pretender que tomemos por cierto que el actual Ejecutivo Provincial, pueda influir sobre los miembros de la oposición y del bloque que represento, para el inicio y prosecución de un proceso de juicio político de enorme trascendencia  institucional  por la imposibilidad de la concreción del mentado convenio.

La ley provincial (la 774) nunca fue tildada por el TCP como inconstitucional, motivo por el cual fue judicialmente invalidada. En todo caso, lo que en todo tiempo exigió el órgano de control fue su cumplimiento. Exigencia que, claro está, involucraba a la totalidad de sus integrantes, y en modo alguno exclusivamente al denunciado.

En todo caso, en el supuesto absurdo, de tomarse por cierta tal “intencionalidad oculta”, sin desmerecer la actuación del Tribunal de Cuentas, deberían encontrarse en el banquillo de los acusados, el STJ en pleno,  puesto que su actuación (declaración de inconstitucionalidad de la ley 774) fue la que, en definitiva,  determino la no concreción del popularmente denomino “Convenio Chino”.

No obstante ello, en su defensa, el acusado pretende encontrar una  justificación de su conducta  manifestando que  la forma de determinación y composición de los haberes de los miembros  ha sido pacíficamente aceptada a lo largo de estos 16 años, tanto por el Ejecutivo, el Poder Legislativo y las diferentes integraciones del Tribunal de Cuentas, en el marco de las funciones de control que debió ejercer cada poder y el propio órgano de control, agregando a ello que es objeto de un tratamiento desigual, puesto que sus pares que actualmente se encuentran percibiendo sus haberes, en la misma forma que el acusado lo ha hecho a lo largo de estos 16 años, no se hallan hoy enjuiciados.

Y la verdad que tal argumentación asombra y a la vez indigna, puesto que no es otra cosa que pretender que por la sola circunstancia que durante más de 16 años su conducta se mantuviera impune, ello  justifique, hoy, su no juzgamiento, en otros términos que se convalide tal impunidad perpetrada a  lo largo de 16 años y se la mantenga.

De más está decir que  la aprobación del presupuesto por parte del Poder Legislativo Provincial en modo alguno podrá  importar convalidar o ratificar el incumplimiento a una manda legal y muchos menos suponer la modificación o derogación tácita de una norma.

Así lo ha señalado nuestra Máxima Corte Federal, cuando se discutía la legitimidad de la imposición tributaria dispuesta por Decretos de Necesidad y Urgencia.

Que, en tales condiciones, la ulterior remisión de los decretos impugnados al Congreso, dispuesta en el artículo 6 del 2736/91 y en el 32 del 949/92, no satisface el claro requerimiento constitucional de que sea ese órgano, y no otro, quien decida qué impuestos se crearán y quiénes deberán pagarlos. Tampoco lo satisfacería, por similares razones, la alegada consideración que el Congreso habría realizado de la incidencia del impuesto creado por los decretos en el cálculo de los recursos y gastos del Instituto Nacional de Cinematografía al aprobar el presupuesto para el año 1993.  En efecto, no puede razonablemente atribuirse a dicho cálculo un sentido convalidatorio, ajeno a las finalidades de una ley presupuestaria, lo cual no importa abrir juicio sobre los efectos que una verdadera ratificación congresional hubiera podido tener respecto de la validez de esas normas.”[4]

Y a su vez, conlleva a una necesaria reflexión respecto de la responsabilidad institucional que nos cabe a quienes hoy asumidos la representatividad del pueblo de la provincia,  de evitar que conductas como las descriptas lleguen a tal grado de impunidad y abuso en desmedro de la calidad institucional de nuestra provincia, y que para ello, este proceso sólo sea el punto de partida inicial, para la determinación de la responsabilidad política de quienes, como el acusado, creyeron y creen que la alta función pública que ostentan los colocan al margen de la ley, les otorga un privilegio de impunidad.

De la totalidad de los argumentos defensistas que el denunciado ha empleado, el que inicialmente llama a detenerse en el análisis es el referente al supuesto de discriminación que existe en el proceso.

La defensa del  C.P.N. Ricciutti plantea: “Mi defendido es víctima de un trato desigual ante la ley por parte de la Sala Acusadora, según veremos in extenso mas adelante, dado que es el único de los nueve miembros que han integrado el Tribunal de Cuentas desde 1994 a la fecha -16 años-, y el único de los tres miembros en actividad, al que se le imputa el consumo de mala fe de los ítems “antigüedad” y “título”.”

En definitiva, el acusado entiende como causal de discriminación la distinción que ha separado, durante el trámite del presente, los tamices de responsabilidad que se evaluaron distintos a los efectos del avance de las etapas procesales.

La cuestión, en su esencia, a medida que se más detenidamente se la estudia, más se aleja de un supuesto de discriminación.

La discriminación implica, por definición, un menoscabo al derecho a la igualdad.

En otras palabras, cuando existe discriminación, se violenta un derecho. El esquema argumental presupone algo que en el presente caso se encuentra ausente. NINGUN DERECHO TENÍA, NI TIENE, EL ACUSADO PARA PERCIBIR LAS SUMAS REMUNERATORIAS QUE, EN EXCESO DE LEY, HA PERCIBIDO HASTA LA FECHA.

Los distintos niveles de atribución de responsabilidad, mediante la evaluación de la intervención en hechos incluso temporalmente distintos no transforma la distinción en ilegítima, ni menos aún convierte el accionar en legal.

Ha indicado la C.I.D.H. interpretando el art. 24 de la Convención –que establece la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, que “La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible todo situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza” (C.I.D.H.; Opinión Consultiva OC-4/84 solicitada por el Gobierno de Costa Rica; Considerando 55, el resaltado me pertenece).

En base a este bellísimo concepto (la unidad de dignidad y naturaleza de la persona), y luego de advertir que no toda distinción es por sí misma discriminatoria, la C.I.D.H. asienta el standart de los límites entre distinción legítima y discriminación, diciendo al respecto que “No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana” (C.I.D.H., fallo citado, Considerando 57).

En definitiva, para mi es claro que, en el caso, no existe el accionar que esgrime el denunciado.

Más, siendo el presente un juicio político, no puede dejar de reconocerse que resulta evidente, también, que deben abordarse de manera integral las cuestiones que han sido materia de tratamiento.

Me explico.

Para mí es claro que no existe discriminación. Pero también es evidente que el caso del acusado no es el único caso en el que un funcionario se aprovecha de su cargo para, mediante un ardid interpretativo, favorecerse indebidamente en su patrimonio.

Y en esta sencilla constatación se advierte, por lado, la deficiencia de la defensa, pero también, las proyecciones de esta sentencia.

Lo que el acusado reclama bajo el argumento de la igualdad es sencillamente impunidad. Que no se sancione una conducta considerada como ilegal, sencillamente porque existen otras, similares, que se mantienen. No es un derecho lo que reclama, que está visto que no existe, sino una situación de hecho indebida. Solicita que se lo mantenga en el mismo estado que aquellos, que en la misma situación, no han sido responsabilizados.

Está claro que, desde una perspectiva jurídica, el argumento es rápidamente desechable.

Pero desde una perspectiva política es dramáticamente incómodo.

Considero que el presente solo puede conjugarse si el presente caso más que una situación de cierre, se constituye en un inicio.

En otras palabras, el presente juicio será evaluado con severidad. Y será apreciado en su real dimensión si se convierte en el primero por el que se cambia una situación que resulta bochornosa y haya perdurado tanto tiempo. De ahí que, desde una perspectiva política, favorezco una proyección integral: No hay derecho a que se siga percibiendo una parte de las remuneraciones en forma indebida, pero no debe ser el único al que se le imponga la responsabilidad por estos hechos.

Y es por esto mismo también que no puedo dejar de reflexionar sobre la última referencia efectuada por el defensor del CPN Ricciutti, relativa a las expresiones de un dirigente y periodista francés que sobresalió a principios del siglo XX. El abogado defensor del imputado no es la primera vez que utiliza esta cita, ya lo hizo en la defensa del ex gobernador Estabillo en el año 1997. Dijo entonces y reiteró ahora: “Toca a Uds. pronunciarse menos sobre nosotros que sobre ustedes mismos; nosotros comparecemos ante ustedes, Ustedes comparecen ante la Historia” (palabras de Clemenceau, traídas al recuerdo por el Dr. Mariano J. Drago en el memorial que presentara ante el Senado de la Nación como defensor del Dr. Benito Nazar Anchorena en el juicio promovido por la Cámara de Diputados contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 1946)[5].

No puedo dejar pasar el desatino, pues toca a nosotros pronunciarnos sobre las conductas descriptas en la acusación y no puede desconocerse que el acusado, integra un órgano constitucional de control, que durante el desarrollo de su existencia, poco ha contribuido a un efectivo control de la legalidad en el manejo de la hacienda pública.

La exclusión del control, de materias tales como coparticipación provincial, salarios de los empleados públicos, recursos naturales,  ha llevado a lo largo de la corta vida institucional de nuestra provincia, a que hoy nos encontremos ante un Estado Provincial deficitario, en el cual la masa salarial alcanza el 90% del total de recursos del presupuesto general, con abultadas e históricas deudas en materia de seguridad social.

Pero ello no es todo cuando efectivamente el órgano de control constitucional llevó adelante sus funciones propias, las mismas resultaron insuficientes y deficientes, tal cual dan cuenta de ello las denuncias penales efectuadas por la contabilidad paralela, la contratación de obras públicas para la refacción de edificios escolares, la contratación del servicio de comedores, copa de leche y limpieza de los establecimientos escolares de la provincia, la provisión de alimentos para el área de desarrollo social, que se encuentran en trámite en los estrados judiciales.

Esto no puede escapar al análisis político e institucional de esta sala.

Comparecer ante esta Sala Juzgadora no es más que someterse a los institutos creados por la Constitución Provincial y la revisión de conductas de los funcionarios que integran los poderes y órganos de control de Tierra del Fuego. La Historia, como tal, permitirá juzgar si como pueblo organizado fuimos capaces de tener prosperidad y lograr el bienestar general o si, por el contrario, consolidamos impunidad y privilegios permitiendo que el paso del tiempo convierta en derecho aquello que no lo es.

No tengo dudas de la responsabilidad política que le cabe al contador RICCIUTI por el hecho que se lo acusa  y que no se han demostrado razones o motivos que lo exima de tal responsabilidad.

Por ello a la luz del hecho denunciado  y de las evidencias obtenidas estoy convencida de que Claudio Alberto RICCIUTI ha incurrido en mal desempeñado del cargo de VOCAL miembro integrante del Tribunal de Cuentas de la Provincia.-

Por todo lo cual corresponde:

1.- Hacer lugar a la acusación por mal desempeño del cargo prevista en el art. 114 inc. 3º de la Constitución Provincial, por el hecho de haber transgredido en forma reiterada con la remuneración que se otorgó  lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 50, al haberle asignada al límite legal un valor meramente referencial y, en su mérito, destituir al contador CLAUDIO ALBERTO RICCIUTI del cargo de Vocal contador del Tribunal de Cuentas

2.- Inhabilitar a Claudio Alberto RICCIUTI para ocupar cargos públicos por cinco (5) años.-

3.- Asimismo, corresponde que la Sala Juzgadora, de conformidad con lo establecido por el art. 122 de la Constitución Provincial, y en atención a los hechos expuestos y constancias obrantes en la presente, por intermedio de los funcionarios competentes y previo las actuaciones que correspondan, proceda a:

Solicitar al Tribunal de Cuentas de la Provincia que, en forma inmediata, inicie las acciones judiciales que correspondan a los efectos del resarcimiento del daño causado al pueblo de Tierra del Fuego por las irregularidades en la percepción de sumas ilegitimas en concepto de remuneración  por parte del Vocal contador Claudio Alberto RICCIUTI, durante el desempeño de tal cargo.

ASÍ VOTO.-


[1] en el sentido de  que en los trámites de juicio político las Salas no están obligadas a observar “las formalidades rigurosas de los tribunales ordinarios”, pues “es necesario tener en cuenta que el Jurado de Enjuiciamiento examina la conducta … a la luz de criterios que no se identifican en lo absoluto con las formas habituales de examen de la prueba y de ponderación de las conductas que corresponde a los tribunales judiciales. La alta función encomendada al Jurado de Enjuiciamiento no se asimila en este caso al de un tribunal judicial ordinario y, naturalmente, no es posible extrapolar el sistema legal y jurisprudencial que ha elaborado esta Corte para el examen de aquellos casos en los que se plantea la existencia de cuestión federal o se invoca la existencia de arbitrariedad en las sentencias apeladas. Si las funciones del Jurado de Enjuiciamiento son distintas a las que desarrollan los tribunales ordinarios y si el recurso extraordinario procede aquí como una excepción y acotado a la efectiva acreditación de la grave afectación del debido proceso legal, se sigue de lo expresado que la ponderación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá insertarse en el sistema constitucional de división de poderes, principio constitucional que obliga al Tribunal a tener presente que el procedimiento de remoción de magistrados no debe ser asimilado al proceso jurisdiccional ordinario. La valoración de las causales de remoción son ajenas a la revisión judicial” (C.S.J.N., voto del Dr. Maqueda, in re “Brusa, Víctor Hermes s/ pedido de enjuiciamiento”; B 450. XXXVI).-

[2] Ver el cuadro incorporado a fs. del voto nominal del Legislador Raimbault, ante la sala Acusadora.

[3] Informe del Fiscal de Estado, en su carácter Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, en el expte. Nº 54/05.,de fecha 31 de enero de 2006.

4 CSJN V. 103. XXV. “Video Club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo”, sentencia 6 de junio de 1995.

[5] Juicio promovido por, entre otras causales, validar los golpes de Estado de 1930 y 1943 y desconocer la vigencia y validez de los Tribunales de Trabajo

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Crónica de la semana

Miércoles 17 de Noviembre 2010: Integrando la Sala Juzgadora en el juicio político que se siguió al Vocal Contador del Tribunal de Cuentas Claudio Ricciutti.

La Legislatura destituyó e inhabilitó por cinco años a Claudio Ricciuti | Sur54.com.

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