Desterrar la tortura de Tierra del Fuego

El 9 de marzo se conoció un nuevo hecho de tortura en nuestra provincia. Los casos se suceden, con mayor o menor trascendencia, desde hace años.  Lo cierto es que siempre se habló con eufemismos: represión, abusos, excesos. En Tierra del Fuego hay tortura. Frente a este nuevo hecho, creemos que es necesario indagar sobre la formación del personal policial y penitenciario, la reproducción de los métodos, los antecedentes de los instructores y docentes, los programas de estudios, la doctrina, modelos y escuelas en las que basan su formación.

Reproduzco los fundamentos y contenido del proyecto que presentamos  en la legislatura para que sea aprobado o tome estado parlamentario en la sesión del 17. Eso dependerá de la mayoría, si comparten la misma preocupación:

Lamentablemente en la historia de Tierra del Fuego se registran antecedentes, casi siempre sin resolución judicial, sobre aplicación de torturas, tratos crueles e inhumanos en comisarías y centros de detención. Una nueva denuncia viene a engrosar esos antecedentes y se registra en el diario Provincia 23 de fecha 9 de marzo de 2011.

Esta práctica, contraria a lo establecido en los tratados internacionales, lo prescripto por la constitución nacional en su artículo 75 inc. 12 y consecuentemente la legislación provincial, fue silenciada por sucesivos gobiernos, enmascarada en simuladas acciones de investigación que arrojaron como resultado nuevos casos de abuso: es decir, un fracaso en la formación de policías y penitenciarios con verdadera vocación democrática y cabal comprensión de sus misiones, funciones y rol en la sociedad.

La Convención contra la Tortura y otro tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece en su artículo 1º: “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.” Y en su artículo 2º se expresa el compromiso de todo Estado Parte (en este caso nuestro país y consecuentemente la administración de los estados provinciales) a tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo el territorio. Más aún, ningún funcionario puede justificar el uso de tortura.

Aún sin haber concluido la investigación judicial que se abre con la denuncia concreta del caso, todos los que estamos reunidos aquí sabemos que en Tierra del Fuego se registran hechos en los que la palabra abuso queda chica. Son verdaderos hechos de tortura inadmisibles en un estado de derecho.

A lo largo de los años se registraron múltiples denuncias que involucraron a policías y a penitenciarios. En las sucesivas administraciones estos hechos se minimizaron, no se corrigieron las conductas, las investigaciones internas no existieron o fueron insuficientes y la justicia actuó con sus propios tiempos que no detuvieron, probablemente, la reproducción interna de métodos y estilos propios de algunos integrantes de esas fuerzas.

El último hecho denunciado demuestra que no abordar abiertamente la problemática de la formación de la policía policial y del personal penitenciario, nos acerca a la conformación de instituciones de baja calidad, herméticas, gobernadas con un criterio policial militarizado carente de un enfoque de derechos y, lo que es peor aún, alejada de los básicos criterios democráticos.

Este último hecho denunciado también indica que los antecedentes, que fueron silenciados o abordados con eufemismos, naturalizaron prácticas hacia dentro de la institución y permitieron que una sociedad entera tolere que se sucedan hechos de esta naturaleza.

Es por esto que resulta imperativo que pongamos atención en los programas y prácticas de formación de los nuevos funcionarios policiales y penitenciarios.

El debate que sigue a estos hechos demanda que contemos con un punto de partida cierto y real para mejorar el universo de servidores públicos encargados de velar por nuestros derechos y por la pacífica convivencia.

Esta legislatura estableció para el servicio penitenciario en su ley de creación condiciones para quien estuviera a cargo de la Jefatura, condiciones que el Poder Ejecutivo incumple y no repara.

Esta legislatura aprobó una ley de creación de asuntos internos con la clara intención de que sea un área externa a la Policía y al Servicio Penitenciario, conducida por un abogado y que dependa del ministro político del Poder Ejecutivo. Que pueda ser eficiente en la resolución de las conductas que internamente tienen los funcionarios dentro de esas instituciones, el control necesario para garantía de toda la sociedad y también para los propios integrantes de fuerzas que deben ser responsables y prestigiosas. Resulta urgente la puesta en funcionamiento de asuntos internos o el envío de un proyecto superador sobre la base de los principios que movieron a esta Cámara para su aprobación.

Pero es necesario también conocer quiénes se forman, de qué manera, con qué instrucción, bajo qué principios, para lograr qué objetivos y quiénes son sus maestros.

Sepa Sr. Presidente, que los hechos denunciados en agosto del año pasado por destrozos en la alcaidía de Ushuaia y verificados por funcionarios del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de la Legislatura y que derivaron en el procesamiento de un número importante de penitenciarios incluyen torturas con métodos propios de quienes aprendieron a torturar.

Por lo expuesto solicito el acompañamiento de la Cámara.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE LA TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE

Artículo 1°- Solicitar al Ministerio de Gobierno de la Provincia informe y adjunte toda documentación pertinente sobre:

a)    Programas de estudios de la formación policial y penitenciaria impartidos en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur entre los años 1991 hasta la fecha.

b)    Nómina de personal docente y de instrucción que tiene o tuvo a cargo grupos de aspirantes a agentes y oficiales de ambas fuerzas. Incluir instructores de preparación física y formación específica que se diera a las sucesivas promociones.

c)     Lugar y Año de graduación de cada docente o instructor de las disciplinas que se dictan en cada fuerza dentro del ámbito provincial.

d)    Listado de sumarios internos por apremios ilegales, torturas, tratos crueles o inhumanos o por denuncias efectuadas contra personal policial o penitenciario que incluyan presuntos abusos de autoridad. Indicar resolución de cada uno de ellos.

e)    Indicar si existen docentes o formadores que hayan sido sumariados oportunamente o denunciados penalmente por apremios o abuso de autoridad o por cualquier otro delito.

f)      Todo criterio, doctrina, antecedente o modelo creado, asumido o adoptado para la formación de policías y penitenciarios en la provincia. Fundamentos del modelo de formación.

Artículo 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial.

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Acerca de Verónica De María

Legisladora Provincial 2007-2011
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Una respuesta a Desterrar la tortura de Tierra del Fuego

  1. CARLOS ALBERTO AQUINDO dijo:

    me parece magnifico lo que esta haciendo y si la problematica no hubiera sido por que es el hijo de un comisario que habria pasado? y no lo digo por lo que expresa Veronica de Maria, si no por lo que en realidad salta a la luz de los funcionarios policiales y para que los estan instruyendo sin mencionar los casos homisos de no encapucharse, de que no presentan su jerarquia por medio de sus ginetas y mucho menos sus nombres y numeros de placa

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